Por la derecha?


Por la derecha

A su llegada al gobierno, Felipe Calderón desencadenó una crisis sin precedente en la seguridad pública. Durante más de un año, los mandos gubernamentales sostuvieron la explicación inverosímil de que el estallido de violencia delictiva indicaba que la estrategia oficial iba por buen camino. Ahora ya ni los funcionarios más desvergonzados se atreven a sostener semejante embuste, y el gobierno en su conjunto exhibe sin reservas su susto ante la opinión pública.

Los resultados de las acciones policiales y militares "contra la delincuencia" ordenadas desde Los Pinos han sido tan manifiestamente contraproducentes que resulta difícil creer, a estas alturas, que el colapso de la seguridad pública haya sido mera consecuencia de la impericia descomunal exhibida por Calderón y su equipo en otros aspectos del quehacer administrativo. Más cabe suponer que la agitación del avispero de la criminalidad obedece a un cálculo planeado para infundir en la población un terror tal que propicie el surgimiento de exigencias sociales masivas de orden y mano dura, y que permita justificar excesos autoritarios en nombre de la defensa de la vida, la integridad física y la propiedad de los ciudadanos.

No es nada nuevo: con esta táctica se desplazan de la atención pública los naufragios gubernamentales en materia de empleo, manejo económico, educación y salud; se envía a un segundo plano la resistencia nacional generada por los empeños calderonistas de privatizar la industria petrolera; se recompone la maltrecha alianza que articula al grupo en el poder al ofrecerle un objetivo compartido, y se crea, por medio del amedrentamiento, una base social visible a su ideología autoritaria. Esa ideología pretende ignorar que la criminalidad es producida por las propias estructuras sociales –y que combatirla requiere, por tanto, de transformaciones sociales de gran calado– y se plantea acabar con la delincuencia mediante el recurso simple de exterminar a sus protagonistas. A tono con la visión calderónica –alimentada por las tendencias totalitarias de seguridad impuestas por la Casa Blanca en buena parte del mundo–, ello requiere de ajustes legales y conceptuales para remplazar la presunción de inocencia por la de culpabilidad, reducir las garantías individuales y las libertades civiles, categorizar a quienes infringen la ley como una nueva clase de "enemigo" carente de derechos básicos, excluido del principio de rehabilitación que rige (en teoría) el sistema penitenciario y merecedor de la aniquilación física, lo que constituye, en los hechos, una legitimación de la pena de muerte aplicada en flagrancia. En esa lógica demencial, por cierto, la sustitución de la policía por el Ejército cobra pleno sentido: el deber gubernamental ya no consiste en capturar a los presuntos criminales, fincarles cargos y presentarlos ante un juez competente, sino reventarlos en combate.

El recurso de una violencia sin precedentes por parte del Estado, y la renuncia a métodos más refinados para garantizar la seguridad ciudadana –creación de empleos, programas educativos de salud y de integración social, elevación de las condiciones de vida de la población en general– apuntaría, entonces, a generar respuestas igualmente cruentas de las organizaciones delictivas a fin de generar sus propias justificaciones y, lo más importante, una exigencia de protección, multitudinaria y desesperada, por parte de la sociedad: el respaldo masivo del que carece este régimen, por más que se presente como apolítico, plural, sin afiliación partidista, unitario, "por México".

La angustia social por la inseguridad que el propio gobierno ha desatado alimenta, a su vez, membretes "ciudadanos" que se apuntan a encabezar, con el respaldo aplastante de los medios informativos, particularmente los electrónicos, manifestaciones multitudinarias basadas en una exasperación entendible y atendible, pero manipulada e incapaz de percibir la organicidad de una delincuencia que no sólo secuestra, asesina, asalta y trafica drogas, sino que es también corporativa, financiera, hacendaria, legislativa, electoral, aduanal, judicial, sindical y policial, que administra con éxito la impunidad de sus integrantes y que ahora aspira nada menos que a presentar su propio movimiento de masas, con exigencias de mano dura, tolerancia cero, endurecimiento de penas y demás fórmulas verbales acuñadas para legitimar la barbarie de Estado.

"Que nos rebasan por la derecha", podrá clamar entonces el calderonato.

Por: Pedro Miguel

Impunidad y sectarismo

Reunida la totalidad de la representación de la República (más invitados), conformada esta vez como Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –creado hace 23 años–, firmó un Acuerdo Nacional de la Seguridad, de 74 puntos, para enfrentar la ola de incontrolada delincuencia que se abate sobre el país. Un documento con muchas acciones necesarias, pero sin columna vertebral.

Aparentemente esa columna es la seguridad; es probable que esta nueva arma no esté apuntando al blanco central, aunque está ahí, entre los acuerdos. El blanco central se llama impunidad. En 23 años el CNSP, lejos de abatirla, ha contemplado pasivamente cómo las cabezas de la impunidad se multiplicaban como ocurría con la despiadada hidra de Lerna.

La principal función del Estado es justamente la seguridad de las personas. Lo dice a todas horas todo mundo. Así, el crecimiento de la inseguridad y el debilitamiento del Estado son las dos caras de la misma moneda. Un acuerdo nacional por la seguridad ha de ser un acuerdo por el fortalecimiento del Estado para cumplir esa función; fortalecer al Estado en esa función significa limpiar los establos de Augías (tarea que Hércules debía realizar en un solo día). El héroe debió desviar dos caudalosos ríos hacia los establos –el sistema policiaco y el sistema judicial– para barrer con la miles de toneladas de mierda que durante 30 años habían acumulado.

Sin esa hercúlea operación, la impunidad continuará reinando, es decir, la proliferación de la delincuencia seguirá encontrando campo fértil para crecer y multiplicarse. Ciertamente no es un trabajo de un día, y el atribulado padre de Fernando Martí no puede esperar que ello ocurra.

¿Es de creerse que alguien en sus cinco sentidos firme su propia sentencia de muerte? En México, por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ocurrir es que la impunidad acorazada continúe incólume, indemne, rozagante. Por eso en el acuerdo por la seguridad se estamparon impúdicas firmas como la del precioso Mario Marín, la del de la piel paquidérmica Juan Sabines, la de la inefable maestra Gordillo, o la del de la cínica vida regalona, el caradura señor Deschamps, por ejemplo.

Las personas provenientes de los partidos políticos principalmente, que se han hecho cargo de las instituciones de la seguridad, son parte fundamental del problema, no de la solución; son ellos la encarnación de la impunidad. ¿Vamos a solicitarles atentamente que se practiquen el haraquiri?

Una sociedad que se organice y movilice será el único Hércules capaz de crear las condiciones para que personas responsables puedan llevar a cabo las arduas tareas que son indispensables para eliminar la impunidad. Los partidos no harán nada porque están hundidos en el sectarismo; lo peor de todo es que han arrastrado consigo a segmentos inmensos de la propia sociedad.

En uno de los textos más lúcidos que he leído de Carlos Monsiváis, el polígrafo escribe: "No hay discusión sobre la irracionalidad de esta matanza inenarrable, ¿pero qué significa la exigencia de tranquilidad y justicia? Sobre la violencia acrecentada de la delincuencia, no hay duda: debe frenarse con la acción de la justicia que impida el narcotráfico, los policías involucrados, los empresarios y políticos cómplices, etcétera. Pero esto se ha dicho en demasía y, ni modo, no ha pasado nada. Por eso, creo que uno de los pasos siguientes, al lado de las acciones del Poder Judicial, es un debate nacional de primer orden sobre la estructura de la impunidad, y creo que al lado de la Cumbre de Seguridad debe darse de varias maneras la Cumbre Alternativa donde las sociedades discutan desde su experiencia sobre su porvenir inmediato".

Al tiempo que los establos son lavados, la prevención es indispensable, pero tampoco es un trabajo de un día. Es preciso abatir la desigualdad social, económica y educativa. Las tareas son ciertamente hercúleas. Pero la posibilidad de un debate instalado en la búsqueda de ese proyecto nacional para enfrenar los tres problemas señalados se antoja también para el poderoso hijo de Júpiter. Y en ello cuenta, y cuánto, el sectarismo ilimitado de nuestras elites políticas.

"No se necesita compartir la ideología de los organizadores de esta marcha para apreciar la decisión de los que van a marchar", dice Monsiváis (refiriéndose a la marcha del próximo domingo). "Como se quiera ver, ejercen una alternativa ciudadana, válida en sí misma, y sus experiencias son las mismas de otros de convicciones políticas diversas. Ante la inseguridad, todos mezclamos el temor, el desconcierto, la confusión, el deseo de esclarecimiento, la crítica a las autoridades federales y regionales." Si este tiempo de sectarismos brutales no fuera el que es, todos sin excepción tendrían que haber estado en esa marcha.

Pero el sectarismo nos impide ver la causa por la que pelear, y nos lleva a preguntarnos quiénes son los organizadores. Una desdichada confusión de partidos y ciudadanos. Cuánto nos hace falta mirar cómo las más extremas posiciones ideológicas marchan juntas en España contra los asesinatos de ETA. Contra los secuestros y las muertes y la extensa vida delincuencial que vivimos, debieran estar unidos los adversarios políticos y la sociedad toda.

Por: José Blanco

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