Espionaje


 

Espionaje triangulado
Daniel Lizárraga
 
MÉXICO, DF, 5 DE JULIO /Ante los señalamientos periodísticos recientes en el sentido de que la Secretaría de Gobernación había ordenado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que espiara a los legisladores de oposición, Juan Camilo Mouriño deslindó a la institución de esta práctica ilegal.

    “No, de ninguna manera”, declaró el funcionario la tarde del 29 de mayo pasado. Y así era, pues quien pagó por obtener información sobre el perfil político e ideológico de los legisladores, así como por la aplicación de un test de personalidad a los diputados y senadores, fue el equipo de transición de Felipe Calderón cuando éste ya era presidente electo.

    Los datos figuran en un expediente obtenido por el reportero, el cual contiene documentos oficiales que datan de hace un año y ocho meses.

    El 24 de junio de 2007 este semanario reveló que el equipo de transición calderonista pagó a una empresa llamada Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas para que elaborara un perfil político de los legisladores con quienes deberían negociar sus reformas estructurales (Proceso 1599).

    Esta compañía, dirigida por la panista Laura Ballesteros Mancilla, actuó de manera irregular. Así, por ejemplo, según el contrato 20/06 ella dio un domicilio falso, y el número telefónico proporcionado a las autoridades en realidad correspondía al de una familia de la zona sur de la Ciudad de México; además, Consultores había sido dada de alta en el Registro Público de la Propiedad apenas siete días antes de la firma del contrato y sólo 24 horas antes de entregar su proyecto de trabajo al equipo de transición calderonista.

    Quien firmó el cheque para Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas fue el actual jefe de la oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, en su calidad de coordinador técnico del equipo de transición. Sin embargo, quien mantenía el control político y administrativo del relevo gubernamental era Juan Camilo Mouriño.

    Para obtener un contrato por adjudicación directa –como sucedió en este caso–, la empresa debía contar con una amplia experiencia en la materia y demostrar capacidad profesional para desarrollar el trabajo. Pese a que no cumplía con este requisito, Consultores ganó el contrato.

    Sin embargo, quien se acercó a los legisladores para obtener mediante engaños su perfil político y personal fue una organización civil llamada Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo, cuya directora es, también, Laura Ballesteros Mancilla.

    Esta joven se graduó en ciencias políticas en el Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México con alto promedio. Se afilió al PAN en 2004 y comenzó a trabajar al lado de Mariana Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, la esposa de Calderón. En 2006 se incorporó al sector juvenil durante la campaña del panista.

Las irregularidades

El 12 de septiembre de 2006, Ballesteros fundó el Observatorio Ciudadano del Poder Legislativo. Bajo este membrete, junto con al menos dos personas más de su entera confianza, se apersonó en la Cámara de Diputados para encuestar a los legisladores.

    En 204 grabaciones obtenidas por este reportero y dadas a conocer en junio pasado (Proceso 1639 y 1640), Ballesteros dijo a los legisladores que el propósito de la entrevista era conocer sus datos y subirlos a una página de internet para que los ciudadanos siguieran de cerca su trabajo.

    Así mismo, les vendió la idea de que el Fondo de Cultura Económica (FCE) publicaría un libro con el perfil de cada uno de ellos; de hecho les comentó que la editorial había puesto una fecha límite a la empresa para la entrega del trabajo. Los legisladores accedieron y respondieron a un cuestionario que en realidad era un test psicológico para conocer sus fortalezas y debilidades.

    Hasta el viernes 4, la página de internet no tenía la información prometida a los legisladores, pues al menos una docena de ellos aseguran que nunca recibieron una clave para ingresar a sus bases de datos, como les ofreció Ballesteros. El FCE, por su parte, negó haber suscrito un convenio con Observatorio Ciudadano.

    Ante las irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió a la Secretaría de Hacienda que obligue a Consultores en Diseño de Estrategias Político Legislativas a devolver el dinero que cobró, toda vez que no realizó el trabajo completo. La auditoría no descartó la posibilidad de presentar denuncias penales contra quien resulte responsable por este incumplimiento.

    No obstante esas observaciones, la firma de Ballesteros consiguió más contratos del gobierno federal. El año pasado incluso revendió al Cisen en casi 3 millones de pesos  la misma base de datos que obtuvo mediante engaños al entrevistar a los legisladores antes de que Calderón asumiera como presidente. En suma, si bien el Cisen no espió directamente a los legisladores, sí se benefició de la investigación que hizo el equipo de transición de Calderón.

    La base de datos por la que pagaron 2 millones 990 mil pesos los calderonistas en 2006 es idéntica a la adquirida por el Cisen al año siguiente, según consta en la comparación de los dos contratos.

    Pero Mouriño insiste en que “no existe nada similar a ello (al espionaje); por lo tanto no tendríamos que tomar una decisión en ese sentido”. Así lo dijo el secretario de Gobernación el 12 de junio pasado ante la exigencia de los legisladores de oposición de que remueva de la dirección del Cisen a Guillermo Valdés.

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